TEPIC. — Con el objetivo de eliminar las barreras geográficas en el acceso a la justicia para las mujeres, la XXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit impulsa el respaldo a la minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio. Esta iniciativa busca homologar los criterios normativos y fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades del país.
Bajo la premisa de que «la justicia no debe depender del estado donde ocurra el delito», la reforma pone sobre la mesa la urgencia de unificar los marcos legales para evitar que las diferencias en los códigos penales locales se conviertan en un obstáculo para sancionar la violencia de género.
Coordinación y acceso directo a la justicia para mujeres y niñas
El proyecto de decreto constitucional se enfoca de manera prioritaria en optimizar la respuesta del Estado ante los delitos de género. De acuerdo con el cuerpo de la minuta, las modificaciones legales persiguen tres ejes fundamentales:
- Fortalecimiento de la coordinación: Se establecerán mecanismos obligatorios de colaboración y cruce de información entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
- Garantía de acceso a la justicia: Se busca blindar los procesos de investigación y sanción, asegurando que las niñas y mujeres tengan las mismas garantías de protección sin importar la entidad federativa en la que se encuentren.
- Homologación penal: Se combate de raíz la disparidad de criterios judiciales, impidiendo que la gravedad de las penas o los protocolos de investigación varíen según las fronteras estatales.
Un marco legal con perspectiva de género
Desde el Poder Legislativo local se ha enfatizado que la justicia en materia de violencia contra las mujeres no puede cambiar de un estado a otro. Con este respaldo institucional, Nayarit se alinea a los esfuerzos nacionales por consolidar un frente común, sensible y riguroso contra la impunidad en los casos de feminicidio.
La discusión y el análisis de esta minuta reafirman la agenda del Congreso estatal orientada a consolidar un marco normativo que garantice el derecho fundamental a una vida libre de violencia.
