EL PESO DEL DINERO
Consejo Fiscal: una falsa disyuntiva
Manuel Aguilera Gómez
Un día después de asumir el cargo de presidente de la República, los tres principales partidos políticos PAN, PRI Y PRD junto con el Ejecutivo Federal, firmaron en el Castillo de Chapultepec, un documento político denominado Pacto por México. Calificado de histórico, este compromiso anunciaba una era de colaboración entre las principales fuerzas políticas del país para apoyar medidas trascendentes bajo el rubro genérico de “reformas estructurales”, juzgadas por sus autores como indispensables para el desarrollo y prosperidad del país. Integrado por 95 rubros genéricos, el Pacto comprendía un conjunto de acciones cuyos alcances no fueron comprendidos del todo por los firmantes y, en casos como el tema hacendario, el PAN se deslindó de antemano porque no estaba de acuerdo con la generalización del cobro del IVA en la zona fronteriza del norte, a las colegiaturas y a la compraventa de inmuebles.
El Pacto fue muy elogiado tanto en México como en el exterior. Algunas revistas estadounidense estamparon la fotografía presidencial en sus portadas, acompañadas de comentarios muy elogiosos a los logros políticos iniciales del actual gobierno. “La esperanza de México” fue el epíteto más extendido en las numerosas publicaciones alusivas al primer y más importante logro del gobierno recién instalado.
Meses después, en ocasión de la presentación del llamado paquete presupuestal para el año de 2014, los desacuerdos sobre la política fiscal volvieron a aflorar. Tan pronto como la iniciativa fue presentada a la Cámara de Diputados, diversas organizaciones patronales se apresuraron a expresar su desacuerdo con algunos capítulos: eliminación de algunos renglones deducibles del Impuesto sobre la Renta, el IVA, la elevación de gravámenes a las explotaciones mineras, entre otros. La Secretaría de Hacienda ofreció instalar una decena de mesas de diálogo con los empresarios para escuchar y, en lo posible, atender sus quejas, lo cual resultó contraproducente pues esa actitud tan flexible fue interpretada por los reclamantes como síntoma de anuencia a sus demandas. El rechazo a la mayoría de sus exigencias asumió dimensiones de conflicto político mediante inusitados, airados actos de protesta respaldados en gran medida por el activismo político del PAN, decidido a capitalizar el rechazo social a la iniciativa tributaria.
Al reconocer los resultados fallidos de su estrategia negociadora, la Secretaría de Hacienda hizo un anuncio insólito: en los siguientes cuatro años se comprometía a no introducir tasas adicionales a los impuestos y derechos existentes ni incorporaría nuevos tributos. El gobierno capitulaba ante la andanada empresarial.
Sin embargo, el gobierno habría de enfrentar un nuevo, gigantesco escollo: la caída de los precios internacionales del petróleo, cuyas exportaciones generaban casi la mitad de los ingresos presupuestarios. La respuesta a esta nueva perspectiva con dimensiones de hecatombe fue, igualmente, equivocada. Se redujeron casi a cero las inversiones públicas y se contrajeron los gastos en materia social, incluyendo las pensiones y los gastos hospitalarios; pero la burocracia de angora permaneció intocada con todas sus prerrogativas al igual que los partidos políticos. Los gobiernos de los estados recibieron sus aportaciones y participaciones sin cortapisas, –con manos libres– y les crearon un mecanismo legal para facilitar el endeudamiento estatal con los bancos. El saldo de todas estas medidas fue el rápido crecimiento de la deuda pública que alertó a algunas calificadoras internacionales a reducir la puntuación de la deuda mexicana con el argumento –un tanto amañado—de que la relación deuda pública/PIB ascendía al 50%, al tiempo que el Banco de México elevaba sistemáticamente la tasa de interés base y el peso se devaluaba frente al dólar, medidas que arrostraron enormes costos financieros adicionales al servicio de la deuda pública.
Ante este manojo de ineptitudes, Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, propuso al gobierno mexicano crear un Consejo Fiscal Independiente, “ajeno a toda interferencia de grupos partidistas, capaz de inspirar confianza entre los contribuyentes en torno al manejo de los fondos públicos y garante de la estabilidad macroeconómica”. Por considerarla como una imputación a su incompetencia, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda la rechazaron, pero el sector empresarial la acogió con júbilo pues la juzga una oportunidad de frenar los intentos recaudatorios por venir. Nuevamente tocan a la puerta las iniciativas gestadas en el exterior: mediocridad de las finanzas públicas o Consejo Fiscal son una falsa disyuntiva.