El jueves 23 de marzo del 2017 la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach Velducea fue asesinada en Ciudad Juárez, capital del estado de Chihuahua. El asesino fue un hombre armado con una pistola calibre 9 milímetros, la cual disparó ocho balas cuando la periodista salía de su casa. Miroslava informó en tiempo y forma a la opinión pública que en los comicios locales pasados el crimen organizado había impuesto ediles en las listas del PRI y del PAN, sobre todo en municipios serranos y en corredores de trasiego de drogas. Por otro lado en agosto de 2016 desmenuzó la bestialidad con la que el narco desterró de la sierra de Chihuahua a centenares de familias. Y curiosamente el homicida dejó una cartulina en el lugar de los hechos donde se decía que la habían ultimado por lengua larga. Tras su escrito sobre las expulsiones en la sierra recibió una amenaza anónima, a la que las autoridades no prestaron la debida importancia. El asesinato de la corresponsal de La Jornada tiene como telón de fondo la incesante agresión en contra de los periodistas en casi todo el país y el saldo trágico de tres profesionales del periodismo asesinados en menos de un mes: Ricardo Monluí Cabrera, en Veracruz, Cecilio Pineda, en Guerrero, y Miroslava Breach, en Chihuahua. Estos asesinatos muestran a un gremio periodístico en la orfandad y desprotegido ante los criminales. La impunidad es un aliciente para que los asesinatos sigan cometiéndose. La violencia que sufren los periodistas objetivos provoca que no se pueda informar de lo que verdaderamente está pasando en este país. Prácticamente no hay entidad que escape a dicha violencia. Cada vez es más peligroso decir la verdad. Se requiere un país donde los periodistas puedan vivir sin la amenaza de ser víctimas de la delincuencia y en el que los medios puedan informar con veracidad sobre lo que sucede.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el país han sido asesinados 123 comunicadores desde el año 2000, considerando el homicidio de Miroslava Breach Velducea. Los últimos homicidios, el de Cecilio Pineda, baleado el 3 de marzo en el municipio de Pungarabato, Guerrero, mientras estaba en un negocio de lavado de autos, el de Ricardo Monlui, ejecutado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, Veracruz, cuando se encontraba en un restaurante, y el de Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo al salir de su casa en la capital de Chihuahua, se perpetraron en entidades gobernadas por las principales fuerzas políticas del país: en Guerrero gobernado por el PRI, en Veracruz, por una alianza PAN-PRD, y en Chihuahua, por el PAN.
El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no tiene presupuesto de operación para este año. El fideicomiso creado para este fin comenzó sus funciones en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos. Al inicio del actual sexenio se incrementó a 127.5 millones y en 2014 se inicia su descenso, ubicándose en 118 millones de pesos, los cuales se reducen en 2015 a 102 millones, llegando en 2016 a 88.9 millones y en 2017, por fin, el presupuesto de la bolsa llegó a cero pesos. En este organismo sólo se cuenta con los recursos ordinarios para el sustento de la nómina de los responsables del mismo, integrantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y no obstante que había sido amenazada por los narcotraficantes, la periodista de la Jornada Miroslava Breach no estaba registrada en el mecanismo de protección federal. Con estos amigos para que quieres enemigos. En fin.