FRACASO DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR INFANTIL DEL GOBIERNO DE MÉXICO
Por Octavio Camelo Romero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, advirtió que la vigencia y efectividad de los derechos de la niñez y adolescencia no sólo están muy lejos de ser realidad en México, sino que se encuentran en riesgo permanente de vulneración. Este riesgo está esencialmente fundado en una inadecuada cobertura de sus necesidades de subsistencia, ante insuficientes ingresos que tienen sus padres y tutores, como consecuencia de la desigualdad y pobreza en que viven. Además, el trabajo de la niñez y de la adolescencia vulnera sus derechos humanos y los expone a ser víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas, fenómenos caracterizados como delictivos, para los que no debe existir tolerancia social ni omisión de las autoridades.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2015 había en el país 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizaban alguna actividad económica, y 2 millones 217 mil 648 en ‘‘ocupaciones no permitidas’’, consideradas así porque ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, LFT. De esta cifra global, 27 por ciento son niñas y 73 por ciento niños. Otro dato, es que 915 mil 309 menores no asisten a la escuela por estar trabajando, 36.9 por ciento. Las tres entidades federativas con mayor población de niños, niñas y adolescentes que trabajan son estado de México, con 286 mil 153, 11.55 por ciento; Jalisco, 220 mil 116, 8.89 por ciento, y Puebla, 208 mil 450, 8.41 por ciento; tres estados de la república con alto desarrollo industrial. Entre los principales motivos por los cuales los menores realizan algún trabajo económico, se cuentan, 1) para el pago de su escuela y/o sus propios gastos, 2) porque el hogar necesita de su trabajo y 3) por ayudar en su casa y a su familia. De las niñas, niños y adolescentes que están ocupados, el 42.5 por ciento no recibe un ingreso, el 28.8 por ciento recibe hasta un salario mínimo y solamente el 7.5 por ciento percibe ingresos mayores a dos salarios mínimos. La atención que el gobierno debe brindar a la niñez y adolescencia debe ser integral, sobre todo en las actividades en que son expuestos a ambientes peligrosos, a esclavitud y a otras formas de trabajo forzado, así como también a actividades ilícitas como tráfico de drogas, delincuencia organizada y explotación sexual.
Pero, además, en México el 31.6% de menores se encuentra en condiciones precarias, en donde uno de cada tres niños se enfrenta a la inseguridad alimentaria. Habrá que decirles a los funcionarios públicos y a los políticos del sistema político mexicano que los ingresos nacionales elevados no bastan para garantizar buenos resultados en términos de bienestar infantil, de bienestar de los niños. Y, por si fuera poco, la obesidad de los niños de entre 11 y 15 años, que constituye igualmente una forma de malnutrición, sigue progresando en el país.
Con estos datos queda claro que las políticas públicas del gobierno mexicano no solo son un fracaso para el bienestar infantil de la niñez mexicana y, por extensión, de la adolescencia, sino que, además, no tienen en cuenta varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en 2015 por la ONU, como son entre otros, reducción de la pobreza, del hambre, la salud y el bienestar, y la educación. Prácticamente el gobierno de la república se mueve en dirección opuesta a dichos objetivos. En fin.